Integridad pública: deberes que transforman la atención al ciudadano

En el Perú, cada día miles de ciudadanos acuden a oficinas públicas para realizar trámites, solicitar servicios o presentar denuncias. Detrás de cada ventanilla, hay un servidor público cuya conducta está regida por un código de ética que busca garantizar un trato justo y transparente. La Ley N.° 27815, Código de Ética de la Función Pública, cumple dos décadas estableciendo los parámetros de comportamiento que todo empleado estatal debe seguir. Estos principios no son meras formalidades: impactan directamente en la calidad de vida de los peruanos.

La norma, promulgada en 2002, surgió en un contexto de reconstrucción democrática tras la dictadura fujimorista, cuando la corrupción había penetrado profundamente en las instituciones. Desde entonces, se convirtió en el pilar de la integridad en el Estado. Según cifras de la Contraloría General de la República, entre 2020 y 2023 se reportaron más de 12,000 denuncias por presuntas faltas éticas, lo que evidencia la vigencia del tema. La ley establece seis deberes fundamentales: neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado y responsabilidad.

¿Qué implica cada uno de estos deberes en la práctica diaria?

La neutralidad obliga a los servidores a actuar sin favoritismos, ya sea por razones políticas, familiares o económicas. Esto significa que un funcionario no puede beneficiar a un amigo con una licitación ni negar un servicio a alguien por su ideología. La transparencia, por su parte, exige brindar información fidedigna, completa y oportuna; es decir, no se puede ocultar datos ni demorar respuestas injustificadamente. La discreción protege la información reservada, pero sin caer en el secretismo que vulnere el derecho de acceso a la información pública. El ejercicio adecuado del cargo implica tratar con respeto, sin coacción ni represalias, lo que prohíbe cualquier forma de hostigamiento laboral. El uso adecuado de los bienes del Estado impide que vehículos, equipos o instalaciones se destinen a fines particulares. Finalmente, la responsabilidad exige cumplir las funciones con diligencia y respetar los derechos de la ciudadanía.

El rol de la Contraloría y otras entidades fiscalizadoras

La Contraloría General de la República es la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de estos deberes. A través de sus Órganos de Control Institucional (OCI) en cada entidad, realiza auditorías y recibe denuncias. Además, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) emite directivas y capacita a los servidores. Las sanciones por incumplimiento van desde amonestaciones hasta destitución, dependiendo de la gravedad. En casos de corrupción, se coordina con el Ministerio Público para las acciones penales. La ley también prevé que las entidades públicas deben difundir el código de ética y promover una cultura de integridad.

Declaraciones y Posturas de las Autoridades

«La integridad no es un valor abstracto; es una práctica diaria que se demuestra en cada atención, en cada trámite y en cada decisión. Los servidores públicos tenemos la responsabilidad de servir con imparcialidad y transparencia, porque eso fortalece la democracia y mejora la vida de los ciudadanos», remarcó un portavoz de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM.

Las autoridades insisten en que el cumplimiento del código de ética no solo evita sanciones, sino que mejora el clima laboral y la imagen institucional. Sin embargo, persisten desafíos: la rotación de personal, la falta de capacitación continua y la débil cultura de denuncia. Según la Defensoría del Pueblo, muchos ciudadanos no denuncian por temor a represalias o por desconocimiento de los canales. Por ello, se vienen implementando campañas de difusión y talleres en regiones. La Contraloría ha anunciado que intensificará las auditorías en sectores críticos como salud y educación.

Panorama a Futuro: Próximos pasos e implementación

En los próximos meses, se espera la publicación de nuevas directrices para fortalecer la integridad en el Estado. La Secretaría de Integridad Pública trabaja en un plan nacional que incluye la obligatoriedad de declaraciones juradas de intereses y la implementación de canales digitales de denuncia. Asimismo, se prevé que más entidades adopten modelos de integridad basados en la norma ISO 37001. El éxito dependerá de la voluntad política y de la participación ciudadana. Como señalan los expertos, la integridad es una construcción colectiva que requiere el compromiso de autoridades y ciudadanos. En un país donde la desconfianza en las instituciones es alta, cada acto ético cuenta.

Claves del encuentro:

• La Ley N.° 27815 establece seis deberes éticos para los servidores públicos.
• Puede denunciar incumplimientos ante la Contraloría, Defensoría del Pueblo o Servir.
• Las sanciones van desde amonestación hasta destitución, según la gravedad.
• La integridad impacta en la economía familiar al evitar cobros indebidos y agilizar trámites.
• Infórmese y exija sus derechos; la transparencia es un derecho ciudadano.